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Policías federales ejecutaron a 22 civiles en Tanhuato: CNDH; el Gobierno lo negó por 15 meses
La Policía Federal ejecutó extrajudicialmente a 22 personas en Tanhuato, Michoacán, determinó la CNDH al presentar el informe sobre los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015. La periodista Sanjuana Martínez denunció, en agosto de 2015, esta matanza. En SinEmbargo, dio a conocer que el 22 de mayo de ese año, en el Rancho El Sol, situado en Tanhuato, Michoacán, y en un área limítrofe con Jalisco, un enfrentamiento entre federales y un supuesto “grupo armado”, como plantearon las autoridades federales, dejó un saldo de 42 hombres muertos, tres más detenidos y un policía federal caído. Ahora, parece, hay posibilidades de que se haga justicia.
-Información en desarrolloCiudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– La Policía Federal ejecutó arbitrariamente a 22 personas en Tanhuato, Michoacán, en 2015, aseguró hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El organismo autónomo presenta este día su informe sobre los hechos ocurrido en el Rancho de El Sol, en el que perdieron la vida 22 personas en un presunto enfrentamiento entre los efectivos de seguridad federales y supuestos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, la PF hizo uso excesivo de la fuerza, manipuló evidencia y se trató de manera indigna algunos de los cadáveres.
Según el informe, los elementos de la Policía Federal torturaron a los civiles, les sembraron armas y cartuchos, ejecutaron a algunos de ellos cuando ya estaban sometidos, manipuló la posición de los cuerpos, y existen sospechas de que quemaron algunos.
La periodista Sanjuana Martínez denunció, en agosto de 2015, esta matanza. En SinEmbargo dio a conocer que el 22 de mayo de ese año, en el Rancho El Sol, situado en Tanhuato, Michoacán, y en un área limítrofe con Jalisco, un enfrentamiento entre federales y un supuesto “grupo armado”, como plantearon las autoridades federales, dejó un saldo de 22 hombres muertos, tres más detenidos y un Policía Federal caído.
Este día, Ismael Eslava, Primer Visitador General de la CNDH, señaló que “las evidencias permiten establecer el uso excesivo de la fuerza derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles” ya que, las pruebas clínicas, balísticas, necropsias detallan que las víctimas estaban en posición de desventaja”.
Señaló que de acuerdo a las investigaciones las personas no fueron ejecutadas a corta distancia y al menos 13 de ellas recibieron disparos cuando estaban de espalda.
Detalló que la evidencia señala que la mayoría de las personas estaban dormidas cuando inicio el operativo, pues seis cadáveres estaban descalzos y con el torso descubierto, otros 11 cuerpos estaban descalzos, uno más presentó el torso descubierto, y otro únicamente vestía trusa.
El tiroteo se dio en el marco de la llamada “Operación Jalisco” y luego de que, según la versión oficial, los propios pobladores de la zona denunciaron extorsiones, invasiones de predios, secuestros y asesinatos presuntamente realizados por miembros del CJNG.
Monte Alejandro Rubido García, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), explicó entonces que el enfrentamiento se prolongó por tres horas, pues los presuntos delincuentes comenzaron a atacar “con intensidad” e incluso se pidió apoyo tanto terrestre como aéreo.ADEMÁS:
Sin embargo, cuando las familias de los muertos, la mayoría originarios de Ocotlán, Jalisco, comenzaron a recoger los cuerpos en el Semefo de Morelia, dieron cuenta de que los cadáveres presentaban huellas de tortura: estaban mutilados, destrozados, calcinados e incluso algunos tenían el tiro de gracia, dicen…
Algunos de ellos ni siquiera sabían portar armas, eran hijos y esposos de familias pobres que fueron a ese rancho a trabajar. Las madres y padres, hermanas y hermanos, que vieron las primeras fotografías de los muertos en redes sociales, corroboraron en los cuerpos de sus familiares muertos una violencia extrema que, aseguran, responde no a un enfrentamiento, como dijeron las autoridades, sino a una masacre.
Sin embargo, ninguna autoridad, ni siquiera la CNDH, había hecho caso a sus reclamos por esclarecer el hecho y “limpiar” el nombre de los muchachos. Ellos calificaron ese hecho como una “matanza” y señalaron al Gobierno federal como responsable de un exceso que derivó en la muerte de personas inocentes.
Hasta ahora, parece, se asoma la justicia.
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